Dos hallazgos fiscales por mil 801 millones 474 mil pesos, 13 de carácter administrativo y uno con incidencia sancionatoria resultaron de la adutoría efectuada por la Contraloría de Ibagué a los estados finacieros de la Administración municipal durante la vigencia 2013.

Según el informe, el presunto detrimento patrimonial es el resultado de anticipos que no han sido amortizados y legalizados por los contratistas desde las vigencias fiscales de 2012 y anteriores, cumpliéndose el plazo sin que la Administración efectúe la gestión de cobro y legalización respectiva.

La Contraloría señala que existe un saldo de dos mil 820 millones 111 mil pesos a favor de la Gestora Urbana desde 2004, sin que se evidencie la gestión para el ingreso de estos dineros.

De igual manera, indica una presunta pérdida de recursos por concepto del no pago por parte de la Caja de Compensación Comfenalco de las estampillas Procultura y Proancianos por los convenios 302, 387, 456 y 457, suscritos con el Bienestar Familiar. Los recursos dejados de percibir ascienden a 127 millones 184 mil 366 pesos.

El contrato 302 del 5 de marzo de 2008, fue suscrito entre el Icbf, el Municipio, Comfenalco y la corporación Asoviva, para continuar al programa de alimentación escolar (PAE). De igual manera, el 456 de 2009 sucrito con Corfavida, que ascendió a los 762 millones 985 mil 440 pesos y que fue adicionado para garantizar el suministro de alimentos por 180 días a los estudiantes de las instituciones públicas.

Según el órgano, los hallazgos fiscales son responsabilidad de los contratistas, supervisores, directores Administrativos de la Caja de Compesación, el representante Legal de Corfavida (Angelica María Triana) y el Director de Contratación de la Alcaldía.

Hallazgos administrativos

La Contraloría logró establecer que los valores de la cartera registrada en los soportes del Sistema de Rendición de Cuentas, balance de prueba detallado y certificación, no coinciden, por cuanto el Municipio desconoce con exactitud a cuánto asciende lo adeudado por los particulares.

El órgano de control advierte que esto puede causar pérdidas incalculables para la rentas del Municipio.

De otra parte, señala que la Administración central no está revelando la realidad económica de los activos, ya que existen incongruencias en la información presentada en el área del almacén, ya que los códigos y saldos no coinciden.

Según la auditoría, la información reportada por la Alcaldía de Ibagué no es confiable ni homogénea, y existe diferencia entre los diferentes documentos soporte.

De igual manera, señala que los estados financieros no cumplen con el propósito de proporcionar información útil y reflejar la realidad económica de la dministración.

De acuerdo con la Contraloría, estas irregularidades son de carácter repetitivo, ya que se ha venido sucediendo en vigencias anteriores, por lo cual la sanción y responsabilidad es en contra del representante legal y el asesor de Control Interno de la Administración municipal.