Los hechos de clientelismo y corrupción de que se acusa al Ejecutivo y Legislativo también se han presentado en la Justicia, pues la Constitución del 91 dejó la posibilidad de que a las cúpulas judiciales no se ingrese por concurso de méritos como, en cambio, les toca a Jueces y Magistrados hasta el nivel de Tribunal y de Comisiones Disciplinarias. Dos destituciones ordenadas por el Consejo de Estado, por clientelismo judicial, son muestras de ello, por lo que resulta tan pertinente recordar los hechos, ahora que ha sido condenado un ex Magistrado del Consejo Superior, prestándose el episodio para poner en entredicho injustamente la honorabilidad de la mayoría de los togados de los despachos judiciales que con méritos y pulcritud ética conforman la Rama Judicial (sin negar episodios de corrupción encontrados).

En un país acostumbrado a la violación de los derechos fundamentales de su población pasa inadvertida la noticia según la cual se desconocen las órdenes de tutela dadas por jueces y magistrados para que ellos se protegen de forma inmediata. No es extraño que ello ocurra porque la población se da cuenta de que los representantes de poderes distintos al judicial, se entrometen constantemente en los procesos judiciales, declarando la inocencia de sus semejantes del mundo político o la responsabilidad de sus contradictores.

Al Estado colombiano le va muy mal ante la justicia internacional: tuvo que reconocer recientemente ante la Cidh su responsabilidad por la persecución, exterminio y graves violaciones de derechos humanos en el caso de la Unión Patriótica y, como si fuera un juego, dio garantía de no repetición ante hechos similares.

Cójanlo…cójanlo, grita en la calle el atracador que es perseguido por la Policía para desviar la atención y salvarse de la captura. Este comportamiento ha sido explicado por los psicoanalistas como un mecanismo de proyección de las propias sombras sobre los demás para liberarse de complejos o sentimientos de culpa, mediante la búsqueda de “chivos expiatorios” la cual generalmente recae sobre sujetos más vulnerables (Reiwald): así se han explicado fenómenos como la homofobia, xenofobia o aporofobia (desprecio y miedo a los pobres). En la actividad política sucede lo mismo, cuando, quien usufructúa el poder con clientelismo, amiguismo, nepotismo, mediocridad, etc., necesita desviar la atención de la opinión pública, calificando como “politiquero” a quien lo critica o le hace oposición.

La frase del título se hizo famosa para la retoma del Palacio de Justicia en 1985, con la que se ocasionó la tragedia que ya conocemos. Pero también se utiliza en las campañas electorales y por eso la recordamos para algunos eventos de corrupción en elecciones que aquí analizaremos, teniendo en cuenta que este será un año de mucha agitación política. Lamentablemente los medios de comunicación se ocupan más bien de delitos de impacto como las riñas callejeras, o los robos de celulares, descuidando los que afectan otros bienes jurídicos como el de los “mecanismos de participación democrática” con el que se puede medir el nivel de convivencia política y de civilización de un pueblo: Constreñimiento, fraude y corrupción al sufragante, Voto fraudulento, Alteración de resultados electorales, Posesión ilícita de cédula, entre otros, son hechos reiterados en las elecciones del país, pero de los que poco se habla y que, como lo ha dicho la Corte Suprema, “distorsiona la democracia como sistema político, cuya legitimidad depende en gran medida del respeto por la autonomía ética de las personas”.

Los consumidores llevan la peor parte, en la política de drogas prohibicionista vigente porque el sistema penal se ensaña contra ellos aparentando eficacia en la “lucha contra los narcotraficantes” (función simbólica del derecho); además porque si los Estados no son capaces de controlar la calidad de los productos legales que utilizamos en la vida cotidiana, con mayor veras en pleno prohibicionismo pues con el negocio clandestino, gracias al cual la mezcla sucia de sustancias mejora el negocio, el consumidor resulta ingiriendo venenos peores de los que esperaba. Si toda la “guerra contra las drogas” -incluido el Plan Colombia- se libra, en teoría, para disminuir o proteger a los consumidores, este era el balance al respecto de la mismas Naciones Unidas en 2020: mientras en 2009 se estimaba una cifra de 210.000.000 de consumidores, para 2018 ella había aumentado a 269.000.000 (de 4.8% se pasó a 5.3% de la población mundial). Así mismo, 35.600.000 de consumidores padecían trastornos por ingestas en el comercio ilícito, situación agravada por la pobreza, la educación limitada y la marginación social; a pesar de esto, una droga lícita como el alcohol seguía siendo señalado como el estimulante que más acompaña los comportamientos violentos.

… Otro año que viene, otro que se va… dejando muchas tristezas, nada de prosperidad… vienen años, pasan años y siempre la misma vaina… dice la canción popular colombiana de Los Hispanos, bailada en estas fiestas, pero que parece hecha para hacer el balance de políticas públicas como la que hemos tenido desde hace 60 años en materia de drogas ilícitas.

¡Qué paradoja! Jueces y magistrados ordenando a los gobernantes que cumplan las leyes que éstos mismos han impulsado o aprobado. Por fortuna existen acciones constitucionales y legales como la tutela o la de cumplimiento. Precisamente ante la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de mantenimiento y conservación por parte de varias entidades nacionales y territoriales la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Ibagué recientemente declararon al Parque de los Nevados –que comprende territorios de Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío-, como sujeto de derechos por ser una entidad viviente compuesta por diversas formas de vida. No podía ser más oportuna la decisión ahora que formamos parte del Eje Cafetero, -después de la aprobación de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado en diciembre de 2020- con los cuatro departamentos antes citados como nueva Región Administrativa y de Planeación.

El profesor Reyes tenía una visión crítica de la “Cuestión criminal”, a la manera de los “socialistas jurídicos” de los años 30 y que hoy correspondería a la de los neorrealistas ingleses, posición cercana a la de su alumno Emiro Sandoval, considerado propiamente un “criminólogo crítico”. Defensor de posiciones garantistas respecto de los principios y categorías penales como cuando se oponía a las expresiones vagas e imprecisas que se manejaban en el Estatuto de Seguridad de los años 80 para juzgar civiles por parte de la justicia penal militar que castigaba las “ofensas” o comportamientos “subversivos”, o porque suspendía el ejercicio de derechos como el de locomoción o de expresión. Como si estuviera viviendo las mismas circunstancias del año 2020 que fundamentaron la tutela de la Corte Suprema para defender el derecho a la protesta pacífica, criticaba que las fuerzas militares “hubieran absorbido estructural y funcionalmente a la policía nacional” o porque “suplantaba a la policía en su clásica función de vigilancia”. En fin, sentó los fundamentos de un Sistema Penal Acusatorio para nuestro país y del “equilibrio de partes” en el debate procesal, exigiendo que Acusador y Defensa tuvieran igualdad de oportunidades para controvertir pruebas, etc. Defendiendo la jurisdiccionalidad, el profesionalismo y estabilidad de los jueces se preguntaba con dignidad, “¿será posible entonces esperar un juicio imparcial cuando el juez está juzgando a su propio enemigo?”

Ojalá no se cumpla la previsión del columnista de medios y colega de la U. N., Francisco Gutiérrez, en el sentido de que con el actual gobierno se acaban los Acuerdos de paz y comienza un nuevo ciclo de violencia en Colombia. Se refería a la nueva confrontación con grupos insurgentes que escala día por día ante el aumento vertiginoso de Frentes de disidentes de las ex Farc (en más del 100%), de resurgir de narcoparamilitares, etc. En esta columna me he referido a otras clases de violencia; a la llamada por la Criminología contemporánea violencia estructural, a la violencia institucional, a la violencia cultural, entre otras, todas las cuales no han tenido solución de continuidad después de aquellos Acuerdos.