Profesor Universidad Nacional de Colombia Si la respuesta al crecimiento de la inseguridad es el aumento de penas, la creación de delitos o más encarcelamiento, los resultados son el aumento de los delitos callejeros independientemente de dicha respuesta, sufriendo siempre las consecuencias los sectores más vulnerables, que ponen siempre el pellejo a la victimización. Ello demuestra que el remedio no va dirigido a combatir la criminalidad, sino a calmar los sentimientos de inseguridad, a hacernos creer que ahora sí la criminalidad va a ser controlada (función simbólica de las normas).

Un desafío a la inteligencia, a la Ciencia y a nuestra Constitución representa la reacción de quienes promovieron, con tanta irracionalidad y cálculo político la nueva versión de la cadena perpetua que acaba de hundirse. Por ejemplo, la hija de la ex senadora Jiménez (q.e.p.d.) cuyo nombre fue puesto al proyecto de Acto Legislativo, desafiante reconoció ser una “populista punitiva” supuestamente para “defender los derechos de los niños”. Así se evidencia que la campaña que hicieron los promotores de la aberrante respuesta punitiva, entre ellos el actual jefe de Estado en plena impopularidad del 80% de la población, fue y es pura “politiquería punitiva”: independientemente de lo que demuestre la Ciencia o el orden normativo de los derechos humanos, hay que sacarle provecho político a la indignación que produce la actuación de los abusadores sexuales de la infancia; se interesan de los derechos de ella pero de manera reactiva, o sea, después de que niñas y niños han sido abusados.

Las Amnistías por medio de reformas jurídicas de “punto final” para hacer “borrón y cuenta nueva” están prohibidas en el ordenamiento internacional por atentar contra los derechos de las víctimas y contra la memoria histórica de los pueblos.

Desde 1853 la Urbanidad de Carreño ha pretendido moldear la conducta del ciudadano, consagrando una lista de deberes en diferentes ámbitos, en público, en privado, etc.; dicho manual fue muy invocado sobre todo en ambientes con influencia religiosa como los latinoamericanos (también existieron manuales con las mismas pretensiones en otro países, como el de Aimé Martín en Francia) porque está inspirado en mensajes bíblicos: por eso los llamados a estrechar las manos con calidez, saludar efusivamente, enjugar las lágrimas del desvalido, cubrir la desnudez del infeliz desamparado, arrancarle víctimas al infortunio, ser indulgente hasta con los enemigos, etc.; se puede afirmar que fue un elenco para el control informal, como lo es la familia, en general las religiones, etc.

Si estuviera funcionando el Panóptico de Ibagué, seguramente formaría parte del “estado de cosas inconstitucional” de las prisiones, declarado desde 1998 por nuestra Corte Constitucional. Pero ¡qué maravilla que, más bien, esté por terminar la restauración de este monumento que data de 1889! Es hora de que contribuyamos con este tipo de obras a enriquecer el patrimonio histórico, cultural y natural del nuevo Eje Cafetero, del que somos parte desde 2021, como departamento de mayor extensión, así como venimos haciendo con maravillas como los boques de palma de cera más grandes del país, el Cañón del Combeima, el Parque de las Hermosas, las cascadas de Payandé, y tantos otros monumentos de la cultura, la historia y la naturaleza que enriquecen la región.

En reiteradas oportunidades la CIDH ha establecido que los Estados miembros del Sistema interamericano, en situaciones de protesta social “deben abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza, en particular, de utilizar armas letales y cuerpos militares. Asimismo, deben prohibir y sancionar la actuación de miembros de colectivos civiles armados”. Aunque cause suspicacia en quienes consideran sesgado a dicho tribunal, fue una advertencia hecha en un proceso contra Venezuela, pero constituye jurisprudencia para todos los Estados, sobre todo aquellos que, viviendo los mismos hechos, han puesto obstáculos a la visita de dicho organismo internacional de justicia.

Si con el proyecto de reforma tributaria fue tan difícil el cumplimiento de funciones simbólicas, las funciones latentes, que no se declaran pero que el gobierno y el legislador persiguieron de forma vergonzante, también tuvieron tropiezos: era claro, para los entendidos, que con el proyecto realmente se buscaba, garantizar la confianza inversionista ante organismos internacionales como el FMI o las calificadoras de riesgo, sin prever el descontento popular que la pobreza produciría. De hecho, el gobierno no logró hacer creer que era una reforma para incidir en los niveles de penuria que pasa la mayor parte de la población aún antes de que se agravara con la pandemia sanitaria.

Del proyecto de ley que iba a introducir la reforma tributaria, se podía deducir que sus normas se dirigían a convencernos de que favorecerían a los más pobres; incluso la denominaron “ley de solidaridad sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza” con el objetivo de crear una conciencia colectiva a su favor; ello corresponde a la estrategia del “hacer creer” o de cumplimiento de funciones simbólicas de las normas, tal como sucedió con la aprobación de la “cadena perpetua para proteger a los niños”.

A propósito del Día del Idioma castellano cuyo nuevo aniversario acaba de celebrarse (23 de abril), sería importante recordar en qué va la discusión y el nivel de aceptación del llamado lenguaje inclusivo, es decir, el que busca cambiar prácticas supremacistas de género, que generalmente imponen el uso del masculino al género femenino y otros. No se trata de una perspectiva exclusivamente feminista sino de una no discriminatoria en defensa de la dignidad y la igualdad, ya que como lo sostiene la ONU, el lenguaje sexista o “los productos lingüísticos heredados de prácticas sociales arcaicas tienen la capacidad de limitar las concepciones humanas en determinados temas”, reduciendo el papel de la mujer a una condición hetero patriarcal de la vida en sociedad.

En principio, siendo la justicia el poder garante de los derechos de la gente, de las decisiones justas e imparciales, no se entiende por qué algunos de sus representantes deben ser cuotas de partido. Revisando la historia, en la Modernidad el origen de los jueces fue eminentemente política, pero en los Estados constitucionales contemporáneos eso no es lo que se espera, porque un juez como cuota de partido produce desconfianza en sus decisiones, siendo una de las características de estos Estados el pluralismo ideológico y la diversidad de partidos.