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Es cierto que el procedimiento escogido por el jefe de Estado -un trino a la madrugada ordenando devolver aviones militares, ya en vuelo, con colombianos deportados esposados de pies y manos- no consulta las más elementales reglas de la diplomacia en estos casos, máxime que ni siquiera se consultó al canciller ni al embajador en Washington, encontrándose ellos en Bogotá.
Pero hay otras verdades. Fue desmedida la reacción de Trump amenazando con el garrote de los aranceles y la cancelación, casi generalizada, de visas. Se llegó al absurdo de que el canciller chocoano, quien renunció a su nacionalidad americana para ser embajador, en algún momento tuviera su visa en vilo y ante la posibilidad de que ni siquiera pudiera regresar a Washington a despedirse como jefe de la diplomacia colombiana.
Muchos funcionarios del gobierno seguramente intervinieron de inmediato para resolver la “crisis” no solo por razones patrióticas sino porque ya se veían sin visa, y en Colombia, por extraña transmutación, la gente le teme menos a una medida de aseguramiento que a la cancelación de una visa para los EEUU. Seguramente, algunos alcanzaron a verse con sus cuentas congeladas o sin la posibilidad de visitar sus propiedades en “grigolandia”. Es verdad que no era la primera vez que colombianos deportados llegaban en aviones esposados y probablemente no sea la última.
A todos nos debe indignar el trato cruel e inhumano a nuestros compatriotas. Pero, deberíamos comenzar por casa frente al infierno de algunos de nuestros establecimientos de reclusión que llevaron ya hace varios años a la Corte Constitucional a declarar el “estado de cosas inconstitucional” por la violación de elementales derechos humanos en nuestras cárceles.
Algunas de las permanentes deportaciones -las menos- se refieren a condenados por delitos que ya han cumplido sus penas. Las otras, a ciudadanos que han entrado de manera irregular, lo que jamás puede asociarse a una conducta criminal.
Pero la pregunta que debemos hacernos es otra: ¿por qué razón tantos compatriotas buscan irse del país, inclusive por vías irregulares, sometiéndose a toda clase de vejámenes, corriendo muchos riesgos, a realizar en ocasiones trabajos que no corresponden a su formación como profesionales, que se van a trabajar de mensajeros y hasta a lavar baños?
Muchos han tenido que salir huyéndole a los horrores del conflicto armado por amenazas de muerte, en ocasiones provenientes incluso de agentes del propio Estado. La contrapartida es el abuso que unos cuantos avivatos han hecho de la figura de “asilos”, como parece ser sucedió en el Reino Unido para que nos restablecieran la visa para entrar.
Pero la gran mayoría, tanto los que lo hacen de manera formal como los que acuden al “hueco” que describe Germán Castro Caicedo, buscan las oportunidades de empleo y desarrollo que el país les negó. Por principio nadie quiere el desarraigo. Tanto que en el derecho penal romano el peor de los castigos era el destierro.
La mejor manera de impedir situaciones como las que ahora se viven es crear las condiciones para que todos esos derechos que concede la Constitución del 91: empleo, seguridad, salud, condiciones de vida digna, vivienda y educación, sean una realidad y no un mero enunciado. Es tan claro el tema que, por ejemplo, mientras viví en Alemania en épocas de dificultades económicas en España, la mayoría de trabajadores inmigrantes eran españoles que realizaban los trabajos que los alemanes no aceptaban; con la llegada de los gobiernos social demócratas, mejoró sustancialmente la situación y todos regresaron a su país.
Por estos días he recordado un vibrante discurso de Luis Carlos Galán, en el que no solo señalaba como uno de los males que el demonio del narcotráfico nos había traído -aparte de la cultura del enriquecimiento fácil- el estigmatizar nuestro pasaporte para ser maltratados, sino que pedía mejorar las condiciones de nuestra sociedad para que ningún compatriota tuviera que irse del país a buscar lo que aquí se le había negado.
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