la rama jurisdiccional del poder público en Colombia mantiene una estructura caduca, cada vez más distanciada de la realidad socio-económica del país, al punto que la forma y el tiempo promedio en que aquí se resuelven los litigios supera en exceso los términos que prescriben las normas procedimentales, de por sí generosos y dilatados.

Esto con el obvio detrimento del normal funcionamiento de la sociedad en su conjunto, que aspira a un cambio que le brinde viabilidad a su futuro y ponga la justicia en consonancia con los requerimientos de eficacia de los tiempos que discurren.

Y que es tan dramática nuestra realidad, con un millón 500 mil procesos de toda índole represados, que informes internacionales señalan a nuestra justicia ocupando el cuarto lugar en el mundo y el segundo en Latinoamérica de atrás hacia adelante en calidad y eficiencia, al punto que apenas sí supera a tres de los países más subdesarrollados del orbe, dos de ellos africanos y la insular Haití.

Circunstancia a la cual sus estamentos directivos encabezados por el ministro Juan Carlos Esguerra aspiran a enfrentar, mediante una fragmentaria e inane reforma -como se evidenció en el XIV Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, escenificado esta semana en esta musical ciudad, bajo el nombre del ilustre jurista tolimense Alfonso Reyes Echandía-, que para nada contribuye a mejorar tan grave situación, con el consiguiente y creciente aislamiento de esta rama del poder público del desenvolvimiento real del país y el consecuencial incremento del delito y las diversas formas de justicia privada que surgen por doquier magnificando, si cabe, el clima de violencia que ya nos agobia.

Desconociendo que la justicia demanda en procura de su mejor comprensión, una reforma pero de "naturaleza sistémica", es decir entendiéndola como un todo, o sea en su conjunto, de manera integral u holística, con miras a obtener su total eficacia, ya que es el sistema en su conjunto el que determina cómo se comportan cada una de sus partes y no a la inversa: ¡Y es el sistema el que no marcha!

Así las cosas -y de eso estamos ciertos-, una equivocada visión del problema como la que tienen los altos integrantes de los tribunales de justicia y sus rectores administrativos sólo va a reproducir el panorama que estamos observando, de una justicia que no da respuesta adecuada a la sociedad de la cual hace parte, haciendo la situación cada vez mas difícil y acercándonos cada día más a un grave caos institucional.

El fraccionamiento para estudiar y tratar de componer cada una de las partes del aparato de justicia de manera aislada, sólo puede llevar a la pérdida de información preciosa para la comprensión tanto del problema como para su estudio operacional, cosa que no ocurriría si se abarcara el fenómeno en su integridad, o sea abordado con una visión sistémica, como hemos dicho.

Lo demás es ir contra una lógica que ya desde la antigüedad griega Aristóteles, en su metafísica, nos había enseñado, cuando afirmó que "el todo es mayor que la suma de sus partes", noción que lleva implícita la idea que el sistema forma una unidad que tiene características y dinámica propias, las cuales no se encuentran en cada una de sus partes aisladamente consideradas.

La educación ciudadana, el conjunto normativo que parte de la Constitución -tutela incluida-, la abolición de los regímenes diferenciales vigentes, los alcaldes y personeros municipales, la policía, los notarios, las oficinas encargadas de los diferentes registros, los inspectores de todas las pelambres, las autoridades de tránsito, los entes de control, los jueces de los diversos niveles, la fiscalía, los diferentes magistrados de los varios tribunales, cortes y el Consejo de Estado y Superior de la Judicatura, su formación profesional y ética, el sub-sistema penitenciario, su régimen administrativo, sus presupuestos equipos y dotaciones, las leyes, la academia en la que sobresalen las facultades de derecho de las diversas universidades, los medios de comunicación y la educación ciudadana en general, entre otros, conforman los insumos de tal sistema y hacen parte integral de él, el que a su vez se nutre del medio social en el que se inserta.  

Aclarando que el sistema justicia, -que debe incluir todas y cada una de tales partes integrantes-, no puede ser considerado como la simple suma o agregación de dichos elementos, puesto que configura una entidad nueva, diferente a sus componentes, en cuanto incluye las relaciones, los vínculos y las interacciones que se dan entre ellos, en procura de un propósito claramente predeterminado.

Y ese propósito es el que le compete alcanzar a la justicia, el cual se puede resumir en "un orden social justo": tal la verdadera dimensión de la justicia por la que deben propugnar los que aspiran a ser sus reformadores. Lo demás es equivocado y mal le sirve al propósito.

(*) # Profesor universitario, ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ibagué