A treinta años de la primera Ley de iniciativa popular

Rodrigo López Oviedo

El 30 de diciembre de 1992, mientras los aprendices y la masa laboral del SENA disfrutaban de su acostumbrado descanso vacacional, el gobierno nacional, entonces en manos de César Gaviria Trujillo, resolvió endosarle al sector privado su obligación de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores y de promover su formación profesional, que hasta entonces venía cumpliendo con lujo de competencia la mencionada entidad.
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Se trataba, por cierto, de un intento de expropiación a los trabajadores, ya que el SENA había sido un producto de su iniciativa, con la cual buscaban garantizarse mediante la capacitación una mayor productividad y la mejoría de sus salarios. Esta iniciativa terminó materializándose contra el querer del Estado y los empresarios.  Tan contraria era la actitud patronal y tan radical su oposición a estos anhelos que, para vencerla, los trabajadores tuvieron finalmente que decidirse a ceder un punto de los cinco que les correspondían por subsidio familiar, para que con ello se procediera a la fundación y sostenimiento de la entidad por cuya creación estaban luchando.

Pese a los mencionados antecedentes y a que el SENA continuaba financiándose en parte con el mencionado recurso, los intentos de privatización llegaron a ella, como también a otras 60 entidades públicas, sometidas todas a los principios neoliberales de un Estado reducido en su tamaño, limitado en su actividad de servicios a la sociedad a solo lo indispensable y permisivo para que el capital privado lo reemplazara en todo lo demás que le fuera posible.

Contra el SENA se expidió, entonces, el Decreto 2149, del cual se derivó una de las luchas más importantes de sus trabajadores y aprendices. Se trató de una lucha tan enjundiosa que pudo mover las fibras íntimas de la ciudadanía y moverla en su respaldo. Esa enjundia en la lucha y esa participación solidaria de los colombianos son prenda de garantía para que la entidad siga siendo la que con el paso del tiempo terminó siendo: la entidad más querida por los colombianos.

Entre las organizaciones que más empeño pusieron en esta defensa  debemos destacar a las subdirectivas sindicales de SINDESENA Y SINTRASENA del Tolima, a las cuales, por la incansable actividad desplegada, bien podría señalárselas con mención de honor entre los adalides de la derogatoria del mencionado decreto y de la consecuencial expedición de la primera ley de iniciativa popular, la Ley 119 de 1994, que es hoy el Estatuto Orgánico de la entidad y de la cual se está conmemorando su 30 aniversario. Estas organizaciones y sus afiliados han perseverado en tan destacada actitud, y por ello nuestras fraternas felicitaciones.

 

Rodrigo López Oviedo

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