Un derrotero para restablecer los derechos de los habitantes de calle

El número de habitantes de la calle en Ibagué ha crecido en forma desmedida en los últimos años.

En los alrededores de las plazas de mercado de la 14 y la 21, el parque López de Galarza, el centro y la zona comercial de la calle 60, su presencia es notoria.

De acuerdo con el DANE, en 2021 había en Ibagué 523 habitantes de calle. Sin embargo, en los últimos años este número parece haber aumentado en forma considerable. Según estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (2023) más de mil personas viven en condición de calle en esta ciudad; un 35%, aproximadamente, procede de otras regiones del país.

Por razones de sus circunstancias, su aspecto y su forma de vida son considerados una amenaza para la seguridad de los demás ciudadanos, al punto de que un concejal de Ibagué sostuvo que había que hacer un censo y expulsar a quienes no son oriundos de esta ciudad: “El que no sea de acá, inmediatamente para afuera”, fueron las palabras del concejal en cuestión.

Las acciones de la Alcaldía para atender a los habitantes de calle son insuficientes, ya que están privados de todos sus derechos: a la vivienda, a la alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo y a un ambiente sano. Las condiciones en las que se encuentran son infrahumanas; no tienen un techo ni un baño y muchos de ellos se alimentan de los residuos de las canecas de basura. Existe un hogar de paso, que solo puede albergar un pequeño número de personas.

La administración local carecía de herramientas legales para atender esta población. Por eso se elaboró la política pública del habitante de la calle, que fue aprobada el pasado martes en el Concejo de Ibagué, en la que se establecieron estrategias para garantizar los derechos de los habitantes de calle. Lo interesante de esta política es que en su elaboración se tuvo en cuenta la participación de habitantes de calle y las fundaciones que trabajan en beneficio de esa población.

Es claro que mientras no cambien las condiciones socioeconómicas de las comunidades más vulnerables, el problema no se acabará, pero sí es posible mitigar su impacto en las calles, con normas como la que acaba de aprobar el Concejo.

El Nuevo Día

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