El proyecto no implica la eliminación de las EPS, como se había llegado a decir, pero sí una reducción muy significativa de sus funciones. De acuerdo con lo que manifestó el presidente, lo que quiere el Gobierno es que no haya intermediación por parte de empresas privadas en el manejo de los recursos de la salud.

“No habrá más clientes en la salud pública de Colombia. Las personas serán personas”, dijo Petro al presentar el proyecto en la plaza de armas del Palacio de Nariño, minutos antes de su radicación en el Congreso.

La labor que hoy en día cumplen las EPS será cumplida por las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS). De acuerdo con el artículo 76 del proyecto, estas redes serán las encargadas de la prestación de servicios de salud.

Las redes, dice el artículo, son el “conjunto de organizaciones que prestan servicios o hacen acuerdos para prestar atención sanitaria con calidad, equitativos, integrales, integrados, oportunos y continuos de manera coordinada y eficiente, con una orientación familiar y comunitaria a una población ubicada en un espacio poblacional determinado”.

Según el proyecto, estas redes serán conformadas de acuerdo con los estándares y mecanismos que defina el Ministerio de Salud, pero la red hospitalaria pública tendrá prioridad “como eje articulador de las mismas en los territorios de salud que se definan”.

Aunque las EPS continuarán funcionando, de acuerdo con el proyecto serán muy distintas a lo que existe hoy en día.

De acuerdo con la Ley 100 de 1993, que es la que rige hoy en día, las Entidades Promotoras de Salud son las que tienen a su cargo la afiliación de los usuarios y la administración de la prestación de los servicios a los usuarios. Esa función se elimina en el nuevo proyecto.

Con la reforma, las EPS solo podrán realizar tres actividades. La más importante de ellas, “crear y administrar Centros de Atención Primaria en Salud”, pero la afiliación de los colombianos al sistema ya no se hará a través de ellas, como hasta hoy en día, sino a través de los Centros de Atención Primaria.

En este sentido, el proyecto contempla un régimen de transición, en el que las entidades Promotoras de Salud que no se hayan liquidado entreguen progresivamente a sus afiliados al nuevo aseguramiento social en salud, es decir a los Centros de Atención Primaria en Salud.

Hace algunos días, el presidente Petro se reunió con representantes de las EPS, para exponerles la reforma y aunque no se conocía aún el texto definitivo, de parte de las entidades se planteó que su no eliminación permitía avanzar en un debate constructivo sobre lo que pueda ser su futuro.

LAS CRÍTICAS DE LA REFORMA

Un proyecto de ley que ha estado en el ojo del huracán desde que se conocieron los posibles cambios que tendría el sistema de salud. Desde exministros de la cartera, sectores y académicos han criticado los pocos, pero contundentes, anuncios del Gobierno por boca de la ministra Carolina Corcho, sectores que coinciden en que el proyecto no puede acabar con los avances que ha tenido el sistema a lo largo de los años, reconociendo que existen problemas que se deben solucionar, “construir sobre lo construido”.

Previo a este evento citado por el Gobierno, la Procuraduría General citó a la ministra Corcho al foro organizado en el marco de la defensa del derecho fundamental de la salud, en el que se debatieron los puntos álgidos que prevé la reforma con base a los anuncios hechos por el Gobierno, teniendo en cuenta que el articulado no se conoció sino hasta este lunes 13 de febrero, sin embargo, la funcionaria no participó.

En dicho encuentro, la procuradora Margarita Cabello defendió el sistema actual de salud, sin desconocer que existen oportunidades de mejora: “Colombia no tiene una salud decadente, por el contrario, cuenta con un sistema de salud sólido, funcional y con capacidad y proyección para mejorar de forma sostenible en los próximos años”, señaló Cabello, quien además agregó que dichos problemas no deben ser solucionados con un borrón y cuenta nueva.

“También podríamos decir que se deben fortalecer los sistemas, también hay que mejorar los procesos de auditoría, actualizar los manuales tarifarios, desarrollar la política farmacéutica, entre otros aspectos, y se podrían, por qué no, solucionar y desarrollar mediante una reglamentación de la ley estatutaria en salud, en vez de una gran reforma bajo el criterio de que la salud no sirve absolutamente para nada en nuestro país”, enfatizó la Procuradora, quien advirtió el posible riesgo de inconstitucionalidad del proyecto, por la falta de socialización y participación ciudadana.

Uno de los puntos fuertes de la reforma es el papel de las EPS a futuro, algo que no ha sido claro en este debate y que ha venido cambiando a lo largo de este tiempo. En un principio, para algunos expertos, el discurso de la ministra Corcho a estas entidades ha estado enmarcado sobre su posible fin, pese a que la jefe de la cartera ha repetido que estas no se acabaran.

En este punto, la encuesta realizada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) con Invamer, dejó en evidencia la posición de la sociedad civil con relación al papel favorable que representan estas entidades a los usuarios.

La semana pasada, el presidente Petro sostuvo varias reuniones con los representantes de las principales EPS, como la Nueva EPS, que tendrá un papel fundamental en la transición del sistema. Al término de dicha reunión, el ministro del Interior, Alfonso Prada, afirmó que entre las conclusiones que dejó el encuentro se puntualizó que bajó ninguna circunstancia el proyecto contempla la eliminación de estas entidades.

Por su parte, Paula Acosta, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), señaló que “la decisión del Gobierno, de mantener las EPS como actores centrales del Sistema de Salud, abre espacio para una reforma responsable".

La preocupación y la incertidumbre que tuvo esta reforma hasta el último día llevaron a que un grupo de exministros y exviceministros radicara un derecho de petición para que se dieran a conocer los detalles de dicha reforma, con el objetivo de generar un debate amplio.