En los últimos días se han conocido noticias sobre la aparición de enfermedades que se creían erradicadas o controladas, porque la cobertura de la vacunación ha descendido.
En Texas (Estados Unidos) se está presentando un brote de sarampión y un niño murió como producto de la enfermedad (la primera muerte en 10 años), y se verificó que en el área donde se registran más casos, la cobertura de la vacunación es alarmantemente baja (alrededor del 80%).
En Colombia, dos menores fallecieron, en Bogotá y Medellín, a causa de tos ferina. En el Tolima, diez personas han muerto debido a un brote de fiebre amarilla y en Ibagué hay alarma, porque desde que comenzó la campaña masiva de vacunación en contra de esta enfermedad, el grupo poblacional que menos ha recibido la vacuna es el de los niños entre seis y diez años.
Estos hechos remarcan la necesidad de llegar a coberturas del 95%, para prevenir los brotes de estas enfermedades, algunas de ellas altamente contagiosas como el sarampión y la tos ferina. En nuestro país, la tasa de cobertura de vacunación, antes de 2020, era del 94%. Estas tasas descendieron dramáticamente con la pandemia (menos de 70%) y aún no superan el 90%.
A lo anterior hay que añadir que, en los últimos años, ha crecido la desconfianza en la vacunación, alimentada, principalmente, por grupos antivacunas. Estos movimientos afectan la percepción pública sobre la eficiencia de la inmunización y divulgan informaciones sin sustento científico, que confunden a los padres de familia.
Las vacunas son esenciales en la prevención de enfermedades graves y en la reducción de la mortalidad infantil. La cobertura insuficiente en la inmunización representa un riesgo de reaparición de afecciones que se consideraban controladas; por el contrario, la vacunación oportuna no solo protege la salud de los niños, sino que contribuye al bienestar de las comunidades. El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es la estrategia del Ministerio de Salud, por medio de la cual se procura cumplir las metas de vacunación, en coordinación con los entes territoriales y las empresas prestadoras de salud públicas y privadas.
Es preciso devolver la confianza en la vacunación, por medio de campañas educativas y orientación por parte de expertos a las familias y las comunidades; así mismo, las instituciones sanitarias deben garantizar la disponibilidad de las vacunas en los territorios y exigir la presentación de los carnés de vacunación en jardines infantiles y colegios. Hay que involucrar, igualmente, a los padres en estos procesos, pues a ellos les corresponde el cumplimiento de los esquemas de vacunación.
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