Sumado a ello, la Personería pidió al Juzgado Sexto municipal que efectúe una visita a la mencionada institución para que evalúe las condiciones en las que los niños y niñas están recibiendo clase.

“Imploro la sabiduría del administrador de justicia de imprimir la diligencia que corresponda al procedimiento e invito al demandado al cumplimiento total de lo ordenado por la Corte Constitucional”, dice el escrito.

Actuaciones del Municipio

La Personería, en cumplimiento de la sentencia emanada por la Corte Constitucional, adelanta gestiones tendientes a mejorar las condiciones en la institución.

Una de estas tiene que ver con la suscripción de contratos de arrendamiento de las viviendas en las que reciben clases los estudiantes.

Según el documento jurídico proferido por el ente de control urbano, la Alcaldía no ha venido dando cumplimiento a lo ordenado, y denuncia que, por el contrario, estaría invirtiendo recursos públicos en otros bienes, por lo que alega que los derechos fundamentales de los estudiantes de dicha institución están siendo vulnerados.

¿Qué dice el Consejo de Estado?

El consejero ponente de la Sección del Estado Administrativo, Marco Antonio Velilla, en la sentencia proferida dentro del proceso, manifestó que “el desacato se concibe como un ejercicio del poder disciplinario frente a la desatención de una orden proferida por la autoridad competente, y trae como consecuencia una sanción de multa”.

Sin embargo, el mismo documento advierte que para sancionar es necesario probarse la renuencia, negligencia en acatarla por parte de la persona encargada de su cumplimiento.