La Superintendencia de Servicios Públicos acogió las denuncias sobre los altos costos de facturación que la empresa Alcanos S.A. ESP estaría efectuando en el Tolima, y por esta razón la Superservicios formuló pliego de cargos a la empresa de servicios públicos, que tendrá que responder por las presuntas irregularidades.

Según dijo el concejal Pedro Antonio Mora Quintero, la medida es importante porque en solo un mes de haber sido presentada, ya se pronunciaron, dando a entender que hay interés y asegurando que se va a efectuar el seguimiento respectivo al caso.

“Después de todo un proceso donde anunciamos que había más de siete mil quejas contra la empresa (Alcanos) por el alza en tarifas, y en audiencia con los personeros del Tolima, donde estuve como concejal para solicitar a la Superintendencia una Comisión Reguladora que nos escuchara, logramos el objetivo”, indicó Mora Quintero.

De acuerdo con el cabildante, Alcanos S.A. guardó silencio ante los derechos de petición y por ello se decidió, en grupo, enviar la queja a la Superservicios.

“Esto significa que encontraron una inconstitucionalidad y abuso en el sistema tarifario, lo que implica encontrar mérito para que planteen un pliego de cargos.

“Cuando se plantea es porque encuentra una situación dolosa, y la Superservicios ha dicho que la empresa debe abstenerse de aplicar el nuevo sistema tarifario hasta que no se resuelva el pliego. Lo que significa que en estos días deben responder por el incremento, soportes, todo lo que hemos reclamado”.

“Si tienen que subir que suban, pero no lo que a la empresa se le antoje, hacerlo a costa de los más pobres de la ciudad no tiene presentación”, aseveró Pedro Mora.

Es de recordar que el superintendente delegado para Energía y Gas Combustible, Rodrigo Franco Ashton, señaló a principios de abril cuando se generaron los escándalos, que “de acuerdo con la resolución 138 de 2013 de la Creg, las empresas prestadoras de gas natural deben aplicar la nueva fórmula tarifaria en la que se refleja una variación en los componentes de transporte y remuneración de inversiones”.

Puntualizando que “por tal motivo, la indebida o no aplicación de la misma generaría posibles investigaciones”.