Invitado por el rector del Externado de Colombia, Dr. Hernando Parra Nieto, asistí en Cartagena a la inauguración de la 46ª “Jornada de Derecho Penal”, organizada esta vez por los departamentos de Penal del Externado y de la Universidad de los Andes.

Cada vez resulta más claro que en Colombia nos ocupamos más de las elecciones que de la política. Tan pronto se posesiona un presidente, le abren el proceso de sucesión. Durante la época del Frente Nacional y de la alternación era más evidente, pues existía esa especie de “fila india” que permitía saber con años de anticipación quienes iban a ser los inquilinos de la Casa de Nariño.

La dramática situación que vive Venezuela por el ocaso de la democracia cuyo episodio más reciente es la farsa electoral del pasado 28 de julio, donde autoridades dependientes del dictador Maduro “legitiman” su “triunfo”, hace notar una vez más la ineficacia, para estos casos, del derecho internacional y deja en evidencia cual es el real peso de lo que pomposamente llamamos la “comunidad internacional”.

Con ocasión de las ramificaciones que cada día aparecen -no solo en los medios sino en audiencias judiciales- a propósito de lo que parecería ser, en términos de la fiscal del caso, un evento de “empresa criminal” que tendría como modalidad “aceitar congresistas” con el fin de obtener votos para la aprobación de los proyectos gubernamentales, por parte del círculo cerrado de la Casa de Nariño, vuelven a confundirse los conceptos de responsabilidad penal y responsabilidad política.

Las pruebas que han salido a los medios en estos días, algunas de ellas están desde hace meses en despachos judiciales (sala penal de la Corte Suprema y Fiscalía General) demostrarían la existencia de un pernicioso intercambio de votos en el Congreso por contratos, con contratista incluido, y ponen otra vez sobre el tapete las relaciones entre ejecutivo y Congreso en un sistema presidencial tan poderoso como el nuestro.

El hecho de que el presidente siga manejando la agenda pública, con indiscutible habilidad, muestra una vez más que el presidencialismo asfixiante, el clientelismo en el Congreso y la ausencia de responsabilidad política, hacen obligatoria la separación de poderes, formalmente establecida en la Constitución Nacional.

La reciente decisión de la Procuraduría General sancionando con seis meses de inhabilidad al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por intervención en política, revive el debate sobre dos temas controvertidos: la facultad del Ministerio Público para investigar y sancionar disciplinariamente a funcionarios de elección popular y, el alcance del concepto de “intervención en política”.

En un foro en Ibagué, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el jurista Diego Corredor, con autoridad académica y judicial, volvió a poner el dedo en la llaga al reconocer el fracaso del llamado sistema penal acusatorio que, unido a otros factores, ha llevado a una impunidad del 90 por ciento en materia penal.

La condena a treinta años de prisión al general (r) Iván Ramírez Quintero -en sentencia aún no ejecutoriada- por la desaparición de la guerrillera del M-19 Irma Franco, quien salió viva de la toma al Palacio de Justicia, debe poner a pensar al país.

Son muchos los analistas, políticos y politólogos que se muestran alarmados por los peligros que afronta la democracia en estas épocas de autoritarismo, crisis sociales, inseguridad ciudadana, superficialidad en el debate público, redes sociales y hasta de inteligencia artificial.