Por convicción, y por mi cercanía tanto a Luis Carlos Galán como a su familia, me cuento entre quienes estuvieron de acuerdo en la devolución de la personería al Nuevo Liberalismo, no solo porque la razón de su reincorporación al liberalismo -cuando era un partido de peso en la Nación- estuvo atada al mecanismo de la consulta para escoger el candidato, que se  rompió abruptamente por su asesinato por los narcotraficantes que temían su extradición con la complicidad de fuerzas políticas y  de agentes del Estado, sino por otras razones jurídicas de peso que reconoció la Corte Constitucional. 

Más allá de las puntuales y fundadas críticas al gobierno que preside: desconexión con los ministros, baja ejecución presupuestal, prevalencia de los discursos sobre la acción, amiguismo en la integración de los mandos del Estado, descoordinación entre funcionarios, falta de tacto en el manejo de la agenda legislativa, pésimo manejo del servicio exterior, lunares en la llamada paz total, falta de control territorial, entre otros, nadie puede desconocer la gran habilidad política del jefe del Estado que no va pareja a sus condiciones como gobernante.

Alfonso Palacio Rudas, el inolvidable “cofrade”, en sus eruditas columnas sobre economía y política solía recordar una anécdota sucedida a mitad del siglo XIX con el líder radical liberal, pensador socialdemócrata y luego presidente, Manuel Murillo Toro.

A propósito de la intención del presidente de unificar las distintas fuerzas -no necesariamente partidos- que lo apoyaron en su campaña, y con miras a las elecciones del 2026, vuelve a surgir la idea de facilitar a los parlamentarios cambiarse de “partido”, huyéndole a las drásticas decisiones del Consejo de Estado que ya ha anulado elecciones de miembros del Congreso por considerar que simultáneamente militaron en dos o más organizaciones políticas.

Eventos ocurridos en los últimos gobiernos y que se han intensificado en el actual, nos deberían llevar a replantear el papel de la diplomacia en el mundo y en Colombia. Los llamados “canales diplomáticos” fueron concebidos no solamente para evitar o resolver guerras sino para facilitar la integración y el desarrollo de las naciones. No en vano nuestra Constitución señala que uno de los objetivos de la política internacional del país es la integración latinoamericana. A pesar de eso, hoy tenemos maltrechas las relaciones con países como Argentina, Perú y Nicaragua.

El regreso al país del otrora poderoso y temido jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en su condición de deportado, luego de cumplir condena en los EEUU por narcotráfico y no por genocidio, torturas o desaparición forzada, nos vuelve a rodar una película que comprende temas sensibles de la agenda de Colombia en los últimos cuarenta años: conflicto armado, guerrilla, paramilitarismo, parapolítica, extradición, tolerancia social con el crimen, jueces y magistrados valientes. Pero también, en algunos casos, lentitud de la justicia, pecaminosas alianzas de la fuerza pública, amnistías, indultos, despojo de tierras, desplazamientos de campesinos, entre otros muchos.

Un observador desapercibido no entendería que mientras el gobierno del presidente Petro -con la misma buena intención que tuvieron Betancourt, Pastrana y Santos- permanentemente habla de la “paz total”, buena parte de las noticias tienen que ver con homicidios, asesinatos selectivos, feminicidios, paros armados, secuestro, reclutamiento de niños, inseguridad urbana y rural, y desplazamientos, entre otros muchos factores que impiden la pacífica convivencia ciudadana.

Pensando en el debate electoral del 2026 los colombianos debemos encontrar cómo superar este estado de confusión -al que contribuye sin duda el mal uso de las redes sociales- crispación, superficialidad en el análisis, sesgos en la apreciación de los hechos, ignorancia de los contextos históricos y pobreza intelectual en el debate político. Para hacerlo bastaría con cumplir los principios básicos de nuestro Estado de Derecho vigente, con defectos e interrupciones, desde comienzos del siglo XX.

El proceso para la sucesión del fiscal general está cargado emocionalmente por la situación política que vive el país y el evidente enfrentamiento entre Barbosa y el presidente por procesos penales que, como suele ocurrir en estos casos, tienen efectos políticos.

El término “reforma judicial” se repite casi todos los días en la agenda pública. Siempre está presente en los foros académicos, las campañas presidenciales, los debates y discursos de posesión. En el último siglo, buena parte de las reformas constitucionales han tenido que ver con cambios en la administración de justicia.