Las causas que tienen en riesgo la continuidad o existencia de centros educativos tanto escolares como superiores, públicos y privados, ya no son desconocidas para los legos en estas materias, razón por la que se esperaría que el Gobierno replantee sus propuestas de reforma a la educación de cara a resolver los problemas de fondo en dicho Sistema.
Este mes, en cuanto a la educación universitaria, el ministro de Educación Nacional radicó el proyecto para modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el fin de garantizar una financiación adecuada para las universidades públicas y las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales del país.
Se sabe que el desfinanciamiento de la educación superior pública (cerca de 13 billones de pesos) es estructural, razón por la que este proyecto ha sido de buen recibo en el ambiente universitario, pues procura garantizar el acceso al servicio público de educación. Pero es necesario que se ahonde en la inclusión del apoyo a la demanda de formación superior para que las universidades privadas también sirvan de puerta para brindar esa garantía a los cerca de 700 mil estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 que en estas estudian, debido a que no tienen posibilidad de ingresar a las públicas, lo que supone toda suerte de sacrificios económicos de sus padres, a costos inenarrables que no parecen interesarle al Gobierno.
La visión del Ministerio de Educación solo se centra en las necesidades de la educación superior pública, que merecen toda la atención; pero es una inexcusable miopía desconocer, como lo hace el proyecto de reforma del Sistema, el papel subsidiario pero irremplazable que tienen las universidades privadas en la formación de los colombianos de los estratos 1, 2 y 3 que necesitan capacitarse, pero no tienen la fortuna de ingresar, por falta de cupos o puntajes, a las instituciones públicas de educación superior.
Y en cuanto a la educación escolar, el Ministerio está en mora de confrontar las realidades que perpetúan la ausencia de buena calidad en los colegios públicos, a pesar de que los salarios del sector oficial para los docentes son mejores que los que pagan en las escuelas privadas para alumnos de estratos 1 al 4; y es de esos estratos en las escuelas públicas de donde salen los pésimos y los regulares resultados en las pruebas de conocimiento.
¿Cuánto tiempo se gastan en discutir cómo mejorar en calidad o en la deliberación pedagógica, y cuánto en mejoras salariales, gremiales o en el debate político o ideológico entre la docencia y su dirigencia sindical? ¿Por qué los incrementos salariales y demás beneficios otorgados en el sector educativo público no han supuesto mejoras en la calidad de la formación que se brinda? Si a las preguntas no resueltas en los proyectos de reforma propuestos por el Gobierno se suma la caída en la natalidad, el panorama sigue siendo gris.
Comentarios