Los ibaguereños han perdido la confianza en las instituciones, han olvidado el sentido de pertenencia y han dejado de sentir orgullo por su ciudad, debido a las administraciones poco eficientes y algunas descaradamente corruptas.
Quizá el golpe más fuerte lo recibieron en el 2015, cuando, por cuenta de torcidos y malas gestiones, los escenarios deportivos, otrora orgullo ciudadano, fueron destruidos y los recursos para su remodelación, despilfarrados. Casi 10 años después, apenas se está consiguiendo recuperar aquello que se fue por la alcantarilla de la corrupción y la politiquería.
La pérdida del aprecio de los ibaguereños por su ciudad se observa en las calles llenas de basura, en los parques y paraderos vandalizados y en el irrespeto a las normas de convivencia.
Recuperar la confianza de los ibaguereños en las instituciones y lograr que se renueve el orgullo por la ciudad son tareas bastante difíciles. Esta es una de las metas que se impuso la alcaldesa de Ibagué desde el primer día de gobierno, pero para cumplir su promesa necesita la colaboración de su equipo de trabajo.
Durante un reciente consejo de gobierno, Aranda fue directa y les pidió a los jefes de despacho evaluar a cada funcionario por su desempeño, sin tener en cuenta si representa algún partido o cuenta con algún “padrino” político. Es su forma de promover la transparencia, invitar a seguir las reglas y no dejarse tentar por propósitos diferentes a los de una administración eficiente.
“Yo no patrocino flojos, no patrocino irresponsables, ni corbatas, aquí tenemos que exigirles a nuestros equipos. Son ustedes los secretarios los que tienen que calificarme los equipos, pero cuando lo hacen, lo hacen con el corazón, no lo hacen teniendo en cuenta que aquí el día de mañana a esos que ustedes apoyaron, a esos que defienden por flojos y perezosos, no nos van a ir a defender ante los tribunales”, fueron las palabras de la jefe de la administración local.
El mensaje de Aranda deberá, necesariamente, ir acompañado de otras acciones, como la transparencia en la contratación y el manejo de los recursos públicos, además de la ejecución eficiente de las labores que le competen al gobierno local.
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