Las respuestas nulas y evasivas por parte de las directivas de la empresa de Acueducto y Alcantarillado (Ibal) a los derechos de petición radicados por la Veeduría Agua para Ibagué (Vapi) conllevarán a las mismas a recurrir a las instancias legales para que sean aclaradas las dudas por el contrato 060, suscrito con el Consorcio Acualterno, y el suministro de agua para las viviendas El Tejar.

El vocero de Vapi, Luis Fernando Díaz, afirmó que de los 10 derechos de petición que fueron radicados ante el Ibal, solo tres han tenido respuestas, pero estas han sido ambiguas.

“El Ibal no ha dado respuesta a ninguno de los derechos de petición. Ha pretendido responder dos o tres con evasivas y argumentos que no son objetivos. Las peticiones que hemos formulado son concretas y claras y no son para ambiguedades”, indicó Díaz.

El ingeniero señaló que el Ibal infringe la Ley, ya que la labor de veeduría es un derecho de constitucional.

Entre los derechos de petición a los cuales al parecer no se les ha dado respuesta oportuna y de forma clara, figura uno con fecha de radicación el 30 de septiembre de 2013, en el que se solicitó al Ibal información referente al diseño y a la ejecución del tramo del K0+000 al K4+700 de la línea de conducción para el Acueducto Complementario con Fuente Alterna, de Ibagué.

Como lo confirmó el informe de Auditoría a las obras efectuadas por la Contraloría General, la falta de los estudios condujo a elevar el costo de obra en cerca de 12 mil millones de pesos, adicionales a los seis mil 292 millones de pesos.

Vapi ha denunciado, a través de esta redacción, los asteriscos en capítulos del contrato 060, hoy objeto de hallazgos de carácter administrativo, penal y disciplinarios por parte de la Contraloría General.

Por otro lado, preocupa la adición del contrato que en petición del 7 de marzo de 2014, la veeduría solicitó al Ibal de la relación del análisis de conveniencia, informe del supervisor e interventor, soportes de memorias de cálculo y diseños, levantamientos topográficos, estudios de suelos, descripciones de las obras por abscisas y sectores, entre otros factores, para evitar retrasos en la culminación de los 4.7 kilómetros de la línea de conducción.

Es de resaltar que Vapi también ha solicitado las actas de pago de conglomerado y material rodado como los lugares de depósitos de los escombros de la obra, sin respuesta alguna.

Fonade, ente que contrató la interventoría de los trabajos, añadió en una comunicación en abril, que no garantizaba la medición del material debido al tiempo transcurrido en la ejecución de las tareas y la exposición al medio ambiente.

Es decir que no existe posibilidad de verificar que el pago de material excavado corresponda a la realidad.

Petición a los gremios económicos

Vapi solicitó al presidente la Cámara de Comercio de Ibagué, Silverio Gómez Carmona, acompañar el proceso de arbitraje para la adición del contrato “con profesionales de todas las ramas (derecho, ingeniería civil, ingeniería sanitaria, geología, hidrología, hidráulica, ingeniería de diseño estructural, geotécnica, ambiental, social, económica y financiera), con el propósito de salvaguardar los dineros públicos en juego y se proteja los intereses de los ibaguereños frente a los posibles abusos del contratista hacia el estado”, se advierte en la comunicación.

De igual manera, Vapi señala que la responsabilidad de la firma del contrato que recae en el gerente de la época, quien permitió las ambigüedades que hoy son objeto de controversia, investigación y litigio jurídico “ampararando al sector privado y dejando expuesto al sector público”, representado por el Ibal.

Supervisión al contrato con Presea

La Veeduría Agua para Ibagué, en un documento enviado a la Superintendencia de Servicios Públicos el pasado 20 de mayo, solicitó a dicho organismo de control copia de la auditoría realizada al Ibal, en la que se informe el número de usuarios beneficiados con el servicio de acueducto y alcantarillado, índice de agua no contabilizada y de recaudo de los últimos tres años, rotación de cartera y la cifra a la que asciende desde 2001 hasta la fecha.

Esto, debido a las denuncias efectuadas por parte de los diferentes medios de comunicación y directivas del Ibal sobre los resultados entregados por el consorcio Presea.

En concepto de Vapi, el contrato suscrito con la firma “pone en alto riesgo el funcionamiento del Ibal y su estabilidad para suministrar un servicio eficiente y adecuado para la ciudad”.

Luis Fernando Díaz señaló, además, que uno de los principales temores radica en la intervención de la empresa ibaguereña y posterior privatización.

Cuestionamientos a viviendas de El Tejar

Vapi solicitó a la Curaduría Urbana número Dos el respectivo soporte de la disponibilidad de servicio de acueducto y alcantarillado, que dio base para la construcción de los Multifamiliares El Tejar.

Según el vocero de la Veeduría, Luis Fernando Díaz, se desconoce la labor de la entidad, ya que culminó mayo y la Administración municipal no hizo oficial de las primeras 140 viviendas del Gobierno nacional.

El alcalde Ibagué, Luis H. Rodríguez, en visita efectuada el pasado viernes al sector, garantizó a los habitantes de Boquerón el suministro del líquido.