El gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, Carlos Heberto Ángel Torres, deberá comparecer hoy en audiencia pública ante la Personería municipal, por no haber atendido el requerimiento que el Consejo Municipal le efectuó el año pasado.
En la biblioteca Virtual fueron elegidos los representantes de las organizaciones que asocian o agremian campesinos, organizaciones que asocian o agremian sectores productivos, ONGs ambientalistas, juntas de acción comunal, instituciones de Educación Superior y Reservas naturales de la sociedad civil, que harán parte del Consejo de cuenca del río Coello.
El concejal Pedro Mora se mostró satisfecho con la decisión de la Superintendencia de Servicios y señaló que estará al tanto de lo que suceda, asegurando que Alcanos no podrá continuar con el sistema tarifario hasta que se resuelva el pliego.
La Contraloría de Ibagué, tras diligencias adelantadas por intermedio de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, ha proferido un proceso de responsabilidad fiscal por 62 millones 500 mil pesos, en virtud del presunto detrimento patrimonial ocasionado a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, Ibal.
La Personería de Ibagué radicó en las instancias judiciales una acción de desacato contra la Alcaldía de Ibagué porque, a la fecha, no ha legalizado la compra de terrenos de la institución educativa Maximiliano Neira, ubicada en el barrio Protecho; así como tampoco ha designado docentes, ni ha dotado de pupitres la institución.
Ubicado en la comuna Nueve, Arkaniza I es uno de los barrios privilegiados de la ciudad al estar ubicado en un sector estratégico en la ciudad, pues está cerca de los centros comerciales, lo que celebran sus habitantes.
Niños y niñas de veredas de Melgar, Honda, Prado, Mariquita e Ibagué participaron activamente en actividades que buscan protegerlos de la explotación sexual e incentivarlos en el cuidado al medio ambiente.
De acuerdo con la afectada, hoy a las 12 de la noche se cumple el plazo para que ella y su esposo, los dos de 65 y 87 años de edad, desocupen el predio por su propia voluntad. De lo contrario intervendrá el inspector urbano de Policía.