La política de restitución de tierras, (Ley de Victimas y Restitución) adelantada por el actual Gobierno nacional, expresa, sin lugar a dudas, una bandera social de inmenso contenido democrático.
Los marcos generales de los problemas de seguridad, ya no son –como lo eran antes – temas reservados a las cúpulas gubernamentales y de las fuerzas públicas.
Quienes ingenuamente busquen encontrar cambios de estilo de gobierno en las administraciones departamental y municipal, encontrarán vigentes en las puertas de las respectivas sedes gubernamentales, el letrero que hace siglos leyeron viajeros ya muertos en el pedestal de una estatua antigua:
La luna de miel de muchos ciudadanos con los nuevos alcaldes y gobernadores que eligieron en octubre y, que asumirán sus funciones pasado mañana, terminará precisamente... pasado mañana.
En medio de la tormenta pública que se agita alrededor de la Fiscal General de la Nación, sólo una verdad surge y se mantiene incontrovertible según ella: el amor.
Mientras en otras regiones, el centro actual de la política se centra en la discusión relacionada con el avance en materia de salud y educación, movilidad, servicios públicos, integración regional, entre otros temas, en el Tolima seguimos lo mismo que antes.
Dos movilizaciones ciudadanas, realizadas en el 2011, quedarán grabadas como hechos importantes en la historia patria: las estudiantiles y la del próximo 6 de diciembre contra las FARC.
En el departamento del Tolima –con máximo dos excepciones históricas– los Gobernadores en ejercicio del poder han caído en la equivocada tentación de creerse los barones electorales de la región, y por ende, con la potestad de designar a su antojo el sucesor en el ‘Palacio del Mango’.
Las recientes alianzas políticas en la cima del poder en Colombia, presentan a la mayoría de los partidos políticos existentes en nuestro país como organizaciones sin fronteras ideológicas que las diferencien radicalmente unas de otras.