En un recorrido por el corregimiento de San Juan de la China de Ibagué, pude comprobar que todos los logros sociales que alcanzamos en el anterior gobierno de la ciudad fueron destruidos en estos recientes 4 años. Cerraron el puesto de salud que se había dejado dotado y en funcionamiento para que atendiera de manera prioritaria a la población y prestara el servicio de medicina preventiva. Cerraron la escuela en Aures, una de las veredas del corregimiento. Tiraron al olvido las vías de todas sus veredas (así como todas las vías terciarias de la ciudad), apenas estos días mandaron a “raspar” (como coloquialmente se le llama) la vía principal porque están haciendo campaña por esos lados, dicho por los mismos campesinos. No hay ninguna obra de infraestructura vial, ni mejoramientos de vivienda ni de infraestructura de servicios públicos, ni siquiera proyectos productivos integrales que le permita a las familias campesinas superar el estado de pobreza monetaria en el que vive la mayoría. Todo lo acabaron, un poder de destrucción incalculable.

El Gobierno departamental se va con una enorme deuda con Ibagué. Hace 4 años cuando estaban en campaña, prometieron el cielo y la tierra, que si ganaban la Alcaldía y la Gobernación transformarían la capital del Tolima, lo hicieron y todo se quedó en promesas.

Ya que estamos hablando de financiación ilegal de campañas y compra de elecciones con dineros de oscura procedencia, eso por las últimas revelaciones del caso Odebrecht, convendría volver a visitar el eterno debate acerca del nefasto modelo de verificación y control de los gastos de las campañas políticas en Colombia.

Hay suficientes razones para entender que en el Tolima las cosas deben cambiar. Tal como ocurrió en la última elección presidencial, en la que la ciudadanía entendió que debía llegar un gobierno distinto a los que habían ejercido el poder durante las últimas décadas, porque la práctica recurrente de las mismas políticas públicas disfuncionales habían generado inmensos problemas sociales y económicos, así mismo debe entenderse la próxima elección regional.

Cumplimos un año de gobierno Petro y contrario a la hecatombe que anunciaba la oposición y una parte de la clase política y empresarial, que se produciría si Petro llegaba al poder, podemos ver una realidad bien distinta.

Mientras el Presidente Petro reafirma su respeto por el poder judicial para que obre con plena libertad en el proceso contra su hijo, hay claras muestras que en otros casos la Fiscalía ha obrado con sesgo o quizá bajo órdenes políticas en favor de los acusados.

Los discursos de la oposición que replicaron las memorables palabras que pronunció el presidente Petro en la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, explican perfectamente por qué en las calles se escuchan con frecuencia críticas al gobierno que, la mayoría de veces, giran sobre la superficialidad, el desconocimiento, pero sobre todo se basan en una narrativa perversa que difunden con facilidad y sin ningún tipo de control los medios masivos de comunicación pertenecientes a los grupos económicos dominantes y las cuentas de Twitter de quienes lanzan trinos engañosos que terminan dando en el blanco de tanta gente que no tiene una formación que le permita filtrar los mensajes que recibe.

Las próximas elecciones regionales determinarán en buena medida lo que viene para el futuro del departamento y nuestra capital.

Exmilitares confesaron esta semana en la JEP que se habían convertido en asesinos de civiles e indefensos por cuenta de la competencia que propiciaron sus comandantes para dar resultados operacionales y ganarse de premio un permiso, un pollo asado o una condecoración. Dijo un sargento que en ese entonces la consigna de un general era que no le servían litros sino “carro tancados de sangre” -humana-. De ese tamaño eran las órdenes dadas a las unidades de la fuerza pública.