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Esta iniciativa fue aprobada con muchas limitaciones, especialmente para los ya pensionados, los cuales esperaban conseguir, por ejemplo, el derecho a la mesada catorce, la reducción de los aportes al sistema de salud para igualarlos al 4 % que cotizan los trabajadores activos y el incremento de la mesada pensional en un porcentaje igual al del salario mínimo. Desafortunadamente, nada de esto se logró.
Pero también terminaron perjudicados los trabajadores activos con más de 2,3 salarios mínimos, pues el aporte correspondiente a lo devengado por encima de esta cifra habrán de cancelarlo a un fondo privado, el cual no liquidará mediante el sistema de prima media la parte de la mesada que corresponda a tal excedente ni le reconocerá carácter vitalicio. Esto significa un retroceso para estos trabajadores, especialmente si nunca han estado de acuerdo con el modelo neoliberal, pues resultaron convertidos, contra su voluntad, en clientes y financiadores de los fondos privados.
¿Tiene la culpa de esto el gobierno de Petro? Por supuesto que no. Recordemos que la iniciativa original contemplaba que su aplicación solo afectaría a los aportantes que devengaran más de 4 salarios mínimos. Esto, de todas formas, entrañaba una aplicación de neoliberalismo, pero se justificaba por la necesidad de ponerle fin a los injustificados subsidios que el Estado paga a quienes disfrutan de las más elevadas pensiones.
¿Entonces, donde está la culpa? Pues la culpa está, debemos repetirlo, en el tamaño de la bancada de gobierno, que no cuenta con curules suficientes para lograr por sí sola la aprobación de sus iniciativas de beneficio popular, razón por la cual son negadas o, cuando menos, mutiladas de manera tan grave como esta de las pensiones.
¿Y cuál es la solución? Pues, como lo dice repetidamente Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, la solución está en obtener 55 senadores y 86 representantes a la Cámara para garantizar la conversión de los proyectos de campaña en auténticas soluciones a los problemas del país. Este es sin duda un gran reto, pero el Pacto Histórico podría cumplirlo si, además de hacer impajaritable su compromiso con un cambio progresista, enfrenta la próxima campaña con total respeto a la democracia partidaria e inequívoco rechazo a esas viejas formas de hacer política, sobre todo las relacionadas con el saqueo del erario, la compraventa del voto ciudadano y congresual, el tráfico de influencias y el nepotismo.
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