Los desafíos del nuevo salario mínimo

Desde el 1 de enero entró en vigencia el aumento del 9.53% en el salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro, un ajuste que, en términos del ejecutivo, busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y enfrentar la creciente inflación, pero que en diversos sectores económicos ha causado preocupación, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que conforman el 90% del tejido empresarial colombiano y son responsables de una parte significativa del empleo formal en el país.

 

Algunos gremios nacionales han señalado que, aunque la medida efectivamente podría representar un alivio para los trabajadores, también podría traer consigo efectos adversos si no se acompaña de políticas adecuadas para controlar posibles riesgos entre los cuales está, en primer lugar, el aumento de los costos operativos, un factor que podría dificultar la sostenibilidad de las nóminas actuales, incentivar la informalidad laboral y frenar la creación de nuevos empleos formales, especialmente en regiones con menor desarrollo económico.

Para algunos expertos, sectores como la construcción, el comercio, los servicios y la agroindustria se encuentran particularmente vulnerables, ya que los salarios mínimos representan una proporción considerable de sus costos y además, según los analistas económicos, el incremento decretado para este año por el gobierno tiene un impacto inflacionario que no puede ignorarse.

En Colombia, múltiples bienes y servicios, como peajes, tarifas de transporte y matrículas educativas, entre otros, están indexados al salario mínimo, lo que incrementa automáticamente sus costos y termina afectando no solo a las empresas, sino también a los consumidores, alimentando la inflación y retrasando la recuperación económica mediante tasas de interés elevadas que encarecen el crédito y limitan la inversión empresarial, las cuales son razones que han motivado a diversos sectores de la economía a hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional a implementar medidas que equilibren el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad empresarial.

Entre las propuestas que desde varios sectores se oyen en estos días, están la creación de incentivos a la formalización laboral, como una forma de reducir cargas tributarias y ofrecer beneficios específicos para mipymes que impulsan la formalización del empleo y facilitan la adaptación a los nuevos costos; y como una alternativa para fomentar la productividad, se ha propuesto establecer programas de capacitación y financiamiento dirigidos a las empresas, para mejorar su competitividad y afrontar los retos derivados del aumento salarial.

La promoción del diálogo sectorial es otro factor importante, pues contribuye a establecer mesas de trabajo con los sectores más afectados para diseñar estrategias específicas que mitiguen el impacto del incremento, promoviendo un desarrollo equilibrado.

Pero, todas estas recomendaciones caerán en el vacío si el Gobierno Nacional no las toma en cuenta y no fomenta un enfoque integral en la toma de decisiones, pues, si bien el aumento del salario mínimo responde a una necesidad social, no debe, al mismo tiempo, convertirse en un obstáculo para el desarrollo económico del país, por lo que se hace imprescindible alcanzar un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas.

 

EL NUEVO DÍA

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