Luego del desalojo que se llevó a cabo en agosto de 2012 en Ariambikaima, a varias personas que aseguraron no ser invasoras y que resultaron afectadas, estas dieron a conocer una demanda instaurada contra tres funcionarios de la Alcaldía de Ibagué. 

María Cruz Campo, una de las afectadas en la entrega de escrituras del proyecto de vivienda Ariambikaima en el barrio El Salado, denunció ante EL NUEVO DÍA que el liquidador de la fundación Compromiso Social, Leandro Vera Rojas, director del Grupo de Estudios Estratégicos de la Secretaría de Planeación, obró de manera incorrecta al no entregar las escrituras a un grupo de personas y en especial a ella, quien reside en el lugar desde hace 17 años.

Aunque en junio pasado unas 300 familias recibieron la titulación de sus predios, María asegura que a ella la dejaron por fuera de los beneficiarios, porque no tenía más de seis millones de pesos para pagar por el lote.

“El liquidador no nos hizo papeles, no me dejó casa ni lote, él no tuvo prioridad con la gente, yo soy desplazada y tengo seis hijos y a mí me dejó sin vivienda y en la calle”, resaltó Cruz Campo.

“Me dejaron en la calle”

La denunciante afirma que hace 17 años pagó 730 mil pesos por el predio y que desde ese tiempo habita el lugar, además que en el momento de legalizar el terreno a ella la excluyeron, aun siendo estafada por la fundación Compromiso Social. 

Aunque la mujer reside hace seis meses en la manzana B casa 7 de Ariambikaima, en calidad de arrendataria, ella sigue reclamando lo que, según su versión, le pertenece y que no se le ha reconocido, siendo esto una injusticia.

“Ella no accedió a la adjudicación” 

Por su parte, el encargado de la liquidación, Leandro Vera Rojas, explicó a EL NUEVO DÍA que en el proceso de ajuste formal de la cuenta se vendieron los terrenos y que en el caso de María, ella no reclamó ni la parte que le pertenecía de la liquidación ni pagó el valor para la adjudicación del predio. 

Es por esto que no es poseedora de ningún inmueble en Ariambikaima, ya que al liquidar la fundación que los estafó, “los lotes se vendieron y ella no compró, por lo que no tiene qué reclamar”, señaló el funcionario. 

Y contó, además, que ella y otras personas más lo habían denunciado a él ante la Procuraduría por una presunta vulneración de derechos al proceder en una diligencia de desalojo. No obstante, el ente controlador no ha emitido solicitud alguna ante los funcionarios denunciados. 

El fin de una invasión

En 1996 la fundación Compromiso Social abrió inscripciones para un proyecto de vivienda. A ese llamado acudieron 500 familias que pagaron entre dos y cinco millones de pesos por predio. Adicionalmente, efectuaron algunas obras de infraestructura.

Los trabajos y recursos se perdieron, explicó en su momento Vera Rojas, funcionario de la Secretaría de Planeación y liquidador de este proceso.

Según el Director del Grupo de Estudios Estratégicos, durante estos 15 años los afectados invadieron el predio para evitar que volvieran a venderlo, o que lo ocuparan otras personas, y construyeron casas en esterilla.

Sin embargo, en este momento existen 40 trámites de licencia de construcción ante las curadurías y unas 20 casas se están edificando en la urbanización.

“Además, como representantes legales de la fundación se entregó la titulación de los predios, que tuvo un valor de cuatro millones 300 mil pesos”, puntualizó.