La Constitución Nacional establece que el presidente de la República es el responsable del mantenimiento del orden público en todo el territorio, para lo cual puede utilizar la fuerza de la ley o, dentro del marco constitucional, una política de negociación con los alzados en armas.

En uno de sus esclarecedores artículos sobre la realidad nacional, el presidente Alfonso López Michelsen señalaba que una de las manifestaciones de cuanto ahora podríamos llamar el “decrecimiento” del debate público –y de la política– es la pérdida del “sentido crítico” de los colombianos.

Si un estudiante de comunicación social se dedicara a revisar periódicos, redes sociales, oír radio o ver televisión, quizás encontraría que la palabra más repetida es ‘paz’ ahora con el agregado de ‘total’. 

Dentro del programa “Modelo de Naciones Unidas” en el cual los estudiantes de últimos años de secundaria hacen un ‘simulacro’ sobre el manejo de los problemas mundiales, en el Gimnasio Vermont, al lado de los profesores, Paola Montilla, Yan Basset, David Jara y Giovanni Cardona, participé en un interesante debate sobre “Autoritarismo, populismo y desinformación”.

El publicitado episodio del presidente Petro al dejar con los “crespos hechos” a más de setenta magistrados de las Altas Cortes que asistirían, primero a la posesión de dos magistrados –uno en la Corte Constitucional y otra en la Corte Suprema– y luego a una cena por invitación del propio Jefe de Estado, nos permite reflexionar sobre si este no es el momento para ir desmontando el excesivo presidencialismo que viene desde la Constitución de 1886 pero que se mantuvo y hasta se reforzó en la de 1991.

Entre las distintas propuestas de reforma constitucional que se tramitan en primera vuelta en el Congreso bajo el pomposo y reiterativo mote de ‘reforma política’, tal vez la que puede llegar a tener mayor trascendencia es la que establece la llamada lista cerrada con paridad de género en las corporaciones de elección popular.

Por iniciativa del presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, doctor Augusto Trujillo Muñoz, el 1 de diciembre se realizará en ese centro de estudios, un interesante foro con participación de distinguidos juristas, políticos y analistas como Fernando Carrillo, Álvaro Tirado Mejía, Juan Carlos Esguerra y Humberto de la Calle, a propósito de los sesenta y cinco años del plebiscito del 1 de diciembre de 1957, que diseñó el Frente Nacional.

Muchos análisis de fondo habrá que hacer sobre el contenido, alcances y efectos de la ley 2272 del 4 de noviembre de este año, conocida como la del marco jurídico para la consecución de la “paz total”.

El viernes pasado, el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Quiroz, y demás directivos de las altas Cortes convocaron a una misa en la Catedral Primada, oficiada por el nuncio Apostólico y el cardenal Primado de Colombia, a la cual asistió el presidente Gustavo Petro, para conmemorar el 37 aniversario de la tragedia del Palacio de Justicia.

Más de doscientos años después de su promulgación, sigue siendo espina dorsal del Estado de Derecho la fórmula del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos durante la revolución francesa, conforme a la cual una sociedad donde no estén garantizados los derechos fundamentales y la separación de poderes, carece de Constitución.