El agite ideológico y político de estos días a propósito del nuevo gobierno, que comprende debates sobre si en verdad estamos frente al primer gobierno de izquierda o de alcance socialdemócrata, si se está profundizando la democracia, si, otra vez, desaparecieron las fronteras entre los partidos, entre otros, es un buen escenario para que reflexionemos sobre el alcance de la democracia en Colombia.

Habría que esperar cómo avanza en el Congreso, si finalmente se presenta, el proyecto de más de 50 artículos que contiene el llamado plan de paz total del gobierno. Este incluiría, no solo a los grupos armados con fines políticos, sino a organizaciones criminales y narcotraficantes que cometan delitos de “impacto social”.

Por enésima vez, ahora con la batuta del Pacto Histórico y en alianza con partidos tradicionales, se conoce otro proyecto de ‘Reforma Política’. De entrada, el presentado por el ministro Prada, comprende algunos aspectos que podrían mejorar ‘la cosa política’, pero es indispensable hacer varias reflexiones.

En la edición de este diario del 29 de agosto, María Isabel Rueda entrevistó al afamado economista y profesor chileno Klaus Schmidt, sobre lo que para ese momento se pensaba iba a ser el resultado del proceso constituyente en el país austral.

A las misiones extranjeras que llegaron a la posesión del Presidente Petro –para algunos, entre quienes no me cuento -, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, les debió causar cierta curiosidad el hecho de que se hubiera interrumpido esta crucial ceremonia de la democracia, mientras en acatamiento de la primera orden del Jefe de Estado como comandante supremo, se traía a la Plaza de Bolívar la espada que históricamente se cree fue con la que el ilustre caraqueño liberó cinco naciones, y que el anterior jefe de Estado se negaba a prestar.

Aun cuando jurídicamente no hay nada novedoso en la propuesta del presidente Petro que busca condicionar la extradición, el momento y la forma en que la hizo armaron una polvareda.

El título de esta columna es el eterno dilema de nuestro constitucionalismo, que vuelve a salir a flote con la política del nuevo gobierno orientada a conseguir la “paz total”.

Por la circunstancia de haber transcurrido buena parte de mi trayectoria pública en el sector justicia, he sido y soy, el más respetuoso de las decisiones judiciales. Inicialmente, para sobrevivir a los 17 años en Bogotá, recién llegado de Chaparral, trabajé en un juzgado como mensajero, con el eufemístico nombre de notificador. Como estudiante hice esa “carrera” de subalterno de justicia, hasta llegar a secretario. Después, fui juez municipal, del Circuito, Procurador General, Fiscal General y, Conjuez de la Corte Suprema, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional.

Hace 100 años, en plena hegemonía conservadora, se posesionó como presidente el general Pedro Nel Ospina, elegido en medio de alegaciones del liberalismo por fraude contra su candidato Benjamín Herrera.

Con razón suele decirse que el grado de civilización y el compromiso con una democracia real en una sociedad se mide por la forma como trata a sus maestros, policías y jueces.